Proclamación del Decálogo de los Derechos del Trabajador

El 24 de febrero de 1947, al cumplirse un año del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia, Perón entregó a Aurelio Hernández, Secretario General de la CGT, el Decálogo de los Derechos del Trabajador. En un masivo acto en el Teatro Colón, el primer mandatario anunciaba que en los artículos del mismo se sentaban las bases sobre las cuales los legisladores y juristas debían construir la futura legislación argentina, “para fijar, de una vez por todas, como un jalón imborrable de la justicia, el derecho reconocido por el Estado a los individuos”.

La proclamación hecha por Perón, ratificada por el decreto 4865 del 7 de marzo, sintetizaba diez derechos especiales referidos a la figura del trabajador: derecho a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.

Como parte de un proceso más amplio, lo que había sido anunciado en 1947 alcanzaba rango constitucional en 1949. Siguiendo la lógica de otros textos constitucionales, como el de México y el de Weimar, o el de España de 1931 que nominaba al pueblo trabajador como sujeto político donde reside la soberanía –algo que luego sería retomado en la Constitución de la provincia del Chaco-, el Decálogo incluido en la Constitución Nacional aseveraba una nueva dimensión a la idea de trabajo, instituyéndolo como motor de las conquistas sociales y fundamento de la prosperidad de la comunidad.

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